Llega a juicio solo 6.3% de las denuncias de corrupción

    De enero de 2019 al 30 de septiembre del presente año han llegado a juicio el 6.3 por ciento de las denuncias de corrupción en el estado de Chihuahua, informa la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado en su oficio número FGE-4C.5/1/2/824- 2020.

    Las cifras dadas a conocer por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mencionan que se han recibido un total de 126 denuncias por corrupción, de las cuales únicamente 8 se han vinculado a proceso, además de que ya se cuenta con una sentencia condenatoria, esto durante el año 2019 y hasta el mes de septiembre de 2020.

    La dependencia estatal señala que en dicho periodos se han abierto un total de 70 carpetas de investigación, es decir el 55.55 por ciento del total de las denuncias. De estas, hubo formulación de imputación en 9 casos.

    Sin embargo la dependencia estatal, a pesar de que se logró sentencia condenatoria en contra de una persona por corrupción, a la fecha no se tiene registrado ingresos a la hacienda pública vía extinción de dominio, por bienes recuperados por estos actos delictivos.

    Además se informa que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción han erogado en este año, hasta el mes de septiembre, un total de 6 millones 86 mil 622 pesos, sin contar los servicios personales de los 38 servidores públicos que la conforman.

    Asimismo desglosa que de los funcionarios pertenecientes a esta fiscalía 8 cuentan con un posgrado en grado de estudios, 21 tienen una licenciatura y nueve preparatoria, del total 19 son Ministerios Públicos, nueve agentes de investigación, dos analistas, seis personas de apoyo, además de un subcoordinador y la Fiscal Especializada.

    Cabe señalar que el Código Penal del Estado de Chihuahua contempla en su Título Décimo Séptimo “Delitos contra el servicio público cometidos por servidores públicos”, el cual comprende del artículo 250 hasta el 273, que van desde el ejercicio ilegal hasta el enriquecimiento ilícito.

    En este sentido las condenas van desde sanciones administrativas hasta 15 años de prisión, esto dependiendo del delito cometido por el servidor público, además deberá realizar la reparación del daño.